Se llevó a cabo ayer un procedimiento para averiguar si existió el delito de trata de personas en un cortadero ubicado en cercanías de la ruta 158 y la Estancia La Negrita. Rescataron a un menor y procuraban conocer la situación del resto de las personas que viven en el precario hábitat
Entre el barrio privado La Negrita y el cruce hacia la autopista por la ruta 158, hay un predio en el que funcionan dos cortaderos de ladrillos, donde ayer la Policía Federal, por orden de la Justicia, realizó un procedimiento para determinar si hubo trata de personas.
En el lugar trabajan varias familias de ciudadanos bolivianos. La investigación previa, según fuentes de la fuerza y de la Justicia Federal, llevó a determinar que entre los que trabajaban a destajo en el cortadero -todos ciudadanos bolivianos- había un menor que llegó al país ilegalmente hace dos años, cuando tenía 15, para trabajar. Aquí quedó, lejos de sus padres y de su tierra.
El joven, que ahora cuenta con 17 años, estaba en el lugar cuando llegaron los federales.
Cabe señalar que el procedimiento se hizo con el acompañamiento de profesionales de la Secretaría contra la Trata de Personas de la Provincia, a cargo de Patricia Messio (ver aparte).
Si bien no hay información precisa sobre el resultado de ese procedimiento, se pudo conocer que el menor podría ser trasladado al refugio que la Secretaría tiene en Córdoba capital hasta que la Justicia resuelva si puede seguir viviendo en Argentina, con familiares que se hagan responsables, o debe volver a Bolivia con sus padres.
Paralelamente, las profesionales de la Secretaría registraron los datos personales y entrevistaron al resto de las supuestas víctimas de trata. Son alrededor de 10 personas, todas de nacionalidad boliviana, entre las que hay también otros menores, pero que al momento del procedimiento no estaban trabajando y, además, trascendió que están escolarizados.
Allanamiento
Paralelamente a la actividad que desarrolló la Policía Federal y la Secretaría contra la Trata en los cortaderos, se realizó un allanamiento en el barrio Las Playas, donde reside un ciudadano boliviano que tiene en trámite la ciudadanía argentina.
EL DIARIO pudo conocer que se trata de José Hubaldo Alza Alvarez, quien no quedó detenido, pero está a disposición de la Justicia vinculado con la supuesta trata de personas.
Sobre Alza Alvarez, radicado en la vivienda ubicada en Salto Grande 564, hay dos versiones: una, que sería el encargado de la comercialización de los ladrillos que producen las familias que habitan el cortadero y la otra, que sería el dueño de las tierras en las que se hizo el procedimiento.
Condiciones de vida
EL DIARIO recorrió el cortadero en el que ayer se hizo el procedimiento contra la explotación de personas.
La estructura de las viviendas es similar a la del resto de los establecimientos en que se hicieron procedimientos de esa naturaleza: no tienen servicios básicos, el piso es de tierra, las puertas y ventanas son precarias o simplemente lonas y los techos de chapa están “ajustados” con elementos de peso, como cubiertas y palos. Tienen poca o nula ventilación.
A los pocos metros del lugar donde duermen y comen las familias bolivianas que trabajan de sol a sol y donde los niños hacen la tarea, juegan y ayudan a sus padres, están las pilas de ladrillos de barro que pasan por un proceso de cocción con altas temperaturas y por donde sale un humo espeso que dificulta la respiración a la mayoría de las personas, especialmente a las que no están acostumbradas a esa polución.
El baño es un fondo ubicado lejos de la casa. Tiene paredes de lona sostenidas por palos.
Dado que para la producción de ladrillos utilizan la tierra como materia prima, en general, una vez que se agota ese recurso deben buscar otro lugar para seguir produciendo ladrillos. Es por esa razón que, según explicaron cada vez que fueron consultados, los ladrilleros bolivianos no construyen casas más firmes dado que no son un domicilio permanente, sino laboral y transitorio.
De todas maneras, tal como explicó en relación a procedimientos anteriores la exfiscal Federal de Villa María, Virginia Miguel Carmona, “no se cuestionan estilos de vida ni la cultura de los pueblos, sino que haya gente que lucre, aprovechándose de ese estilo de vida. Eso es explotación”.
