La Resolución 140/2016, firmada por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dispone claramente que todo nuevo sistema que se utilice para mejorar granos debe ser autorizado por esa cartera, caso contrario, nadie puede pretender cobrar por ello.

Esto viene a tirar por el suelo las pretensiones de Monsanto que mediante acuerdos privados con los productores que adquirían sus semillas RR2, pretendían cobrar durante una década las “regalías” del desarrollo tecnológico, algo que está prohibido por la ley de semillas. Monsanto se fundaba en otra ley, la de patentes.

Textualmente, la norma publicada ayer en el Boletín Oficial dice que «todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, deberá contar para su implementación, con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria».

Agrega que «aquellos sistemas, procedimientos o métodos que se apliquen y/o exijan incumpliendo lo establecido en el artículo anterior serán considerados inválidos como así también las obligaciones que de ellos deriven».

En sus considerandos, la cartera agroindustrial recuerda que «es deber primordial de este Ministerio velar por el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico en toda la temática que hace a su específica competencia».

En este sentido, «se desestima todo mecanismo y/o procedimiento no contemplado en el marco legal vigente que atente contra las operaciones comerciales del sector agropecuario, tanto sea, en el mercado interno como en la apertura y consolidación de mercados externos».

Por ello, el Ministerio de Agroindustria se compromete a «llevar adelante todas las acciones pertinentes a los fines de que no se creen obstáculos a la comercialización de granos y preserven los derechos de todos los actores que integran la cadena de comercialización de granos».

Por su parte, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) había emitido un comunicado donde consideró como «fundamental la existencia de un sistema integral y unificado de cobro en la semilla de los derechos de propiedad intelectual allí contenidos».

«Mientras no sea posible la instrumentación de tal sistema, se apoyarán los sistemas alternativos existentes», concluyeron.