Se regularizó el 57% de la deuda que existía en la tasa que incide sobre los inmuebles, y los porcentajes fueron menores en otros tributos. Para el Gobierno los resultados son “muy satisfactorios”

Unas diez mil personas se plegaron al programa de regularización de deudas (algo similar a una moratoria) que llevó adelante el municipio hasta fin de julio, lo que representa en total casi 60 millones de pesos que estaban pendientes de pago.

El dato lo brindó la secretaria de Economía del Gobierno, la contadora Daniela Lucarelli, ayer a la mañana al hablar con algunos medios.

La opción más utilizada fue la de contado. En realidad, casi el 85% de los planes se materializaron entre esa posibilidad (la mitad) y el pago hasta en 12 cuotas. Muy pocos se amoldaron a planes más extensos como el de 36 cuotas, al que se acogió solamente el 8% de los habitantes en mora.

Concretamente, “10.313 personas asistieron para consultar y formalizar planes de pagos”.

El porcentaje de deuda que se regularizó va de un 57% en lo que es tasas que inciden sobre inmuebles al 29% en el caso de la de automotores. Estos porcentajes “no son bajos”, es más, según Lucarelli dejaron “muy satisfechos” a los impulsores de la iniciativa.

Tasa por tasa

En lo que es inmuebles, fueron 4.855 los contribuyentes que regularizaron, por un monto de 39,7 millones de pesos. Significa el 57% de la deuda en mora, que es la temprana e intermedia.

“La mora mayor se concentra en mora tardía, es decir quienes desde 2011 no realizan pagos regulares o no han pagado nunca y que en muchos casos son contribuyentes de zonas 1, 2 ó 3, sectores que tienen todos los servicios e infraestructura, por lo que se revalorizaron sus propiedades”, detalló la funcionaria. Dijo además que se trata de propiedades que por las categorías de construcción delatan capacidad contributiva.

En cuanto a automotores, adhirieron 1.643 contribuyentes por un total de 10 millones de pesos, siendo el 29% de la deuda en mora.

Finalmente, en lo que es la tasa de comercio e industria, adhirió cerca del 35%, que son aproximadamente 1.500 comercios o empresas y que representaron entre 7 y 8 millones de pesos.

En este último ítem, Lucarelli aclaró que los porcentajes de adhesión “son difíciles de determinar porque no se definen por administración, sino que el contribuyente presenta su DD.JJ. y en función de eso se liquida el tributo”.

Por eso, advirtió que si de una fiscalización “surgiera que las bases imponibles declaradas son mentirosas la deuda sería superior y el porcentaje de regularización caería”.

En este punto se destaca un dato: en sólo 373 comerciantes está concentrada el 77% de la mora declarada pendiente de regularizar. Es decir, son pocos y no vienen pagando.

Precisamente sobre lo que se viene, Lucarelli anticipó que “empezaremos con procedimientos de fiscalización a todos los que no adhirieron al régimen y que realizan actividades relevantes en cuanto a monto de facturación y cantidad de personal”.

Como fisco, hay varias posibilidades que maneja el Estado municipal, “entre las cuales está el informar de la situación al Banco Central de la República Argentina y con el correr de los meses se los notificará y endureceremos nuestra posición, mediante embargo o inhibición de ingresos o bienes y en última instancia acciones legales”.

“La mora tardía es la más difícil de recuperar y es en la que menos hemos insistido con notificaciones para que adhieran a este régimen, porque es donde se acumula la mayor cantidad de contribuyentes y es donde se da la mayor concentración de mora por los intereses devengados, que son desde 2011 a la fecha”, especificó.

Afirmó que el Estado actuará ante quienes “no reaccionaron ante este plan y tienen el hábito de no pagar y esperar a que prescriba, especulando con no pagar nunca”.

Ante la pregunta de EL DIARIO, aseguró que se trata de vecinos con poder adquisitivo “tanto en lo que respecta a inmuebles como automotores y uno observa que tienen vehículos de alta gama con mora importante y de muchos años”.

En todo este marco aclaró que se contemplará el contexto económico actual a la hora de actuar sobre los deudores. “Si detectamos un comercio que dinamiza la economía local, que genera empleo, que tiene deuda y no accionó con este régimen por cierto motivo, no quiere decir que lo vamos a clausurar e impedir trabajar, habrá un régimen permanente con otro tipo de beneficios, lo que no podemos permitir es quien pudiendo hacerlo no lo hizo”.

Como se conoce, cada cinco años prescriben las deudas, por eso “a diciembre de cada año se pasa a procuración toda la deuda que esté al borde de prescribir para que se inicie la acción legal que interrumpe” la posibilidad de que las mismas caduquen.

Por otra parte, Lucarelli contó que fueron pocos los contribuyentes que utilizaron el crédito fiscal por cumplidores. “No se hizo un uso masivo del certificado de crédito, por lo que se evaluará alguna otra medida para reconocer a los que están al día”, anticipó.