Caso Ludueña – Una fianza de 300 mil pesos le permitió continuar en libertad
Se trata de Gisela De Bastiani, quien protagonizó el primer accidente trágico de 2018, cuando circulaba alcoholizada por las calles de Villa María y pasó un semáforo en rojo. La aparición de un testigo presencial permitió avanzar en la causa
A tres meses del accidente callejero en el que perdió la vida el motociclista Patricio Iván Ludueña (34), la Justicia indagó ayer a la mujer que provocó la primera tragedia del año registrada en la ciudad, aunque se abstuvo de declarar y sólo compareció sobre condiciones personales.
Gisela Ileana De Bastiani (41) se presentó ante el fiscal René Bosio acompañada por su nuevo defensor, el abogado villamariense Antonio Alarcos, quien asumió el cargo tras la renuncia del también letrado local Daniel López, que la asistía desde un comienzo.
De Bastiani está imputada como presunta autora del delito de “homicidio culposo, agravado por la conducción de un vehículo automotor” y se encuentra en libertad luego de cubrir una fianza o caución personal de 300 mil pesos, además de tener que cumplir una serie de reglas de conducta.
Cabe recordar que, poco después del luctuoso siniestro vial, el control de alcoholemia realizado por la Policía a De Bastiani dio positivo (tenía 1,2 gramo de alcohol en sangre), además de establecerse que cruzó en rojo el semáforo ubicado en la esquina donde se produjo la fatal colisión.
Vive en Córdoba
La mujer, nacida en Villa María el 18 de agosto, pero domiciliada en calle Misiones 362, en barrio Paso de los Andes en la ciudad de Córdoba, está casada, es comerciante y aquella mañana del lunes 1 de enero de este año conducía un Peugeot 207 de color rojo, acompañada por sus hijos de 12 y 8 años.
El choque se produjo en la intersección de General Paz y Salta, exactamente a las 7.34 de la mañana (hora que quedó registrada en una cámara de seguridad cuyo video ya está en poder de la Justicia). Por la primera arteria circulaba De Bastiani, mientras que Ludueña lo hacía por Salta, a bordo de una moto Yamaha FZ negra, ambos a exceso de velocidad, según pudo determinar el fiscal Bosio en base a las pericias realizadas.
El impacto fue tan devastador que el motociclista murió en forma instantánea producto de las graves lesiones que sufrió en la cabeza al impactar contra un árbol ubicado sobre la vereda de una verdulería que hay en el lugar.
De Bastiani estuvo inicialmente detenida, pero recuperó la libertad luego de cubrir la fianza antes descripta, al tiempo que el instructor de la causa dispuso que se someta a un tratamiento psicológico interdisciplinario que tiene que acreditar cada 15 días en la Fiscalía del Tercer Turno.
Testigo presencial
Por otra parte, el fiscal informó ayer que en los últimos días prestó declaración un testigo presencial del trágico suceso, quien dio precisiones sobre cómo se produjo el choque.
Con ese testimonio, Bosio pudo avanzar en el desarrollo de la investigación y adelantó que aunque restan algunas medidas procesales, estará elevando la causa a juicio entre los últimos días de abril y la primera quincena de mayo
Con respecto a la indagatoria, De Bastiani hizo uso del derecho constitucional que le permite abstenerse de declarar, sin que ello se interprete como una presunción de culpabilidad.
Asistido por el secretario Juan José Aguilar, el funcionario judicial notificó a De Bastiani cuál es el delito que se le atribuye, para lo cual se dio lectura a la pieza acusatoria.
Seguidamente, le informó que la ley le acuerda el derecho de declarar todo lo que considere conveniente o necesario para defenderse, pero también que puede no hacerlo, es decir, puede guardar silencio.
Fue entonces cuando la mujer, tras consultar a su abogado, decidió no hacer referencia alguna al trágico choque, por lo que solo fue interrogada sobre sus datos personales.
El marco legal
La caución personal es un instituto del derecho procesal penal en virtud del cual el procesado -no reincidente- puede obtener la libertad de manera provisional, siempre que un tercero garantice con sus bienes su posterior comparendo cada vez que sea llamado o citado por la autoridad judicial interviniente.
Dicho de otro modo, es la promesa que hace una tercera persona, a quien se denomina “fiador”, de abonar una suma de dinero determinada por la Justicia en caso de que el imputado no comparezca a cuanta citación se le efectúe o, peor aún, se dé a la fuga.
