Estará compuesta por tres vocales y su integración será progresiva, el primero deberá elegirse antes del 30 de noviembre de 2018
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto para la puesta en funcionamiento de la Cámara de Apelaciones de Faltas.
La edil Nora Landart, al fundamentar la iniciativa, dijo que celebraba la puesta en funcionamiento de dicha Cámara porque antes no hubo la disposición política ni la asignación presupuestaria para hacerlo.
“El recurso de apelación es un medio a través del cual se busca que una decisión judicial sea revisada cuando no se está de acuerdo. Además es un derecho”, remarcó, y agregó que aunque la implementación no va a ser inmediata, sí se inicia el proceso.
“La Cámara de Apelaciones estará integrada por tres vocales, elegidos por concurso público y abierto de antecedentes y oposición. Queríamos que el primer camarista se nombrara en marzo, pero para no afectar el presupuesto se estableció que antes del 30 de noviembre de 2018 se cubrirá una vocalía, y que los jueces de Faltas completarán transitoriamente la integración interviniendo ad hoc en forma alternada; antes del 30 de noviembre de 2019 se cubrirá la segunda vocalía y antes del 30 de noviembre de 2020, la tercera, quedando plenamente conformada la Cámara”, explicó.
Entre los tres vocales anualmente elegirán un presidente, que no podrá ser reelegido para un nuevo período en forma inmediata.
Para ser camarista se requerirá tener como mínimo 30 años, título de abogado con 10 años ejerciendo la profesión o como juez de Faltas y residir dentro del ejido municipal. Gozar de aptitud psicofísica para la función, debidamente acreditada, y no registrar antecedentes penales.
Es competencia de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, entre otras cosas, “resolver cuestiones de interpretación y unificar jurisprudencia cuando se observara que dos o más jueces dicten sentencias contradictorias”.
El concejal Mauro Beltrami indicó que técnicamente la Cámara de Apelaciones está creada desde 1998, que se modificó la Ordenanza 4.219 que establecía una Cámara unipersonal por una colegiada y que se instrumentan plazos para su puesta en funcionamiento.
La presidenta de Juntos por Villa María, Karina Bruno, consideró que esta era una de las ordenanzas de mayor importancia institucional de los últimos años.
“Era una deuda de muchos que pasaron por el Concejo, lo que estamos sancionando es garantizar el derecho de defensa de las personas. Quien no esté conforme con un fallo, tendrá la posibilidad de una segunda instancia con un criterio distinto al que impuso una sanción para que revean su posición”, subrayó Bruno.
