Iniciativa de la diputada nacional Gabriela Estévez
Formula la necesidad de reactivar la Fábrica Fanazul y la reincorporación de los operarios despedidos en todo el ámbito, incluidos los de Villa María
La diputada nacional Gabriela Estévez (FPV-Córdoba), tras el despido de trabajadores y el cierre de la Fábrica Fanazul, presentó un proyecto de ley que busca reactivar Fabricaciones Militares: “Entendemos que la defensa de Fabricaciones Militares y de sus trabajadores es la defensa de nuestra industria nacional, de nuestras economías regionales, de las potencialidades de desarrollo científico-tecnológico de nuestro país y, en definitiva, de nuestra soberanía”.
El proyecto posee dieciocho artículos, distribuidos en cuatro capítulos. Actualmente se encuentra en tratamiento en tres comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación: Defensa Nacional, Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa se denomina “Ley de responsabilidad social y sustentabilidad de la Dirección General Nacional de Fabricaciones Militares”.
El proyecto de ley de la diputada Estévez fija, como objetivo central, “la defensa de los trabajadores que se encuentran comprendidos en la Dirección General de Fabricaciones Miliares, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, e incorporar dentro de las empresas que la integran un nuevo valor social y no corporativo dentro de la política por parte de las mismas, bajo la figura de la Responsabilidad Social Empresaria, así como también dar herramientas a las mismas para mantenerse sustentables a futuro”.
Las decisiones del Gobierno nacional, en materia de producción para la defensa, desde su área apéndice (la DGFM), solo promueven “un desmantelamiento funcional progresivo, llevado a cabo a través de los despidos sin causa, el vaciamiento presupuestario y la ausencia total de líneas de trabajo, imposibilitando así el normal desarrollo de estas áreas del Estado”.
Reincorporar despedidos
En las “Disposiciones transitorias” se declara la emergencia laboral en el ámbito de Fabricaciones Militares (artículo 13), por lo que queda prohibido, por el término de veinticuatro meses “despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador en el ámbito de aplicación de la presente ley. La prohibición se aplicará a todos los trabajadores, cualquiera fuera su forma contractual”.
Tras la ola de despidos a fines de 2017, este aspecto en la ley tiene su razón de ser, toda vez que la mayoría de los trabajadores de Fabricaciones Militares están sujetos a un contrato por tiempo determinado, que se renuevan anualmente.
La reincorporación progresiva de los trabajadores que han sido despedidos también queda prevista en el proyecto de ley. “A fin de cumplir con la misión social que le asigna esta norma la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares reincorpora paulatinamente a la totalidad de los trabajadores que hayan sido contratados por el art. 9 de la Ley 25.164 (Ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional)”.
Amenazas de despidos en Villa María
La semana pasada, desde ATE denunciaron “presiones” a los trabajadores de la Fábrica de nuestra ciudad para que vayan a desmantelar la sede de Azul, con amenazas de despidos si se oponían.
“Están apretando y amenazando con despidos a compañeros de la Fábrica Militar de Pólvoras de Villa María si no van a desmantelar la Fábrica de Azul. Poniendo así al trabajador entre la espada y la pared, enfrentándolos de manera perversa con los trabajadores de Azul, que son compañeros”, manifestó Jorge Heredia, dirigente gremial de ATE.
Ese mismo día, anunciaron que se le iba a enviar una carta documento a Luis Riva por este tema. El interventor se manifestó públicamente, donde manifestó que “es absolutamente falso que las autoridades de la DGFM hayamos efectuado ‘…presiones y amenazas…’ al personal de Fábrica Militar Villa María para trasladarse a realizar tareas en la Planta Azul o que inclusive hayan recibido ese tipo de tratamiento quienes por algún motivo no pudieron emprender esas comisiones”.
