La titular del Tribunal de Conducta Policial habló, aunque en forma escueta, por primera vez del caso del comisario que estaba al frente de una empresa de seguridad privada, algo prohibido por ley y calificado como una “falta muy grave”
El pasado 13 de septiembre, EL DIARIO publicó una investigación donde se revelaba que el comisario Claudio Quiroga, quien estaba a cargo de la Subcomisaría de Arroyo Cabral, manejaba una empresa de seguridad privada, algo que está prohibido por ley para los agentes de las fuerzas de la Provincia.
Inmediatamente después de salir a la luz la publicación, el segundo jefe de la Departamental de Policía, Mauricio Rantica, había dado a conocer que “ni bien tomamos noticias del hecho, se puso inmediatamente en conocimiento al Tribunal de Conducta Policial y se dispuso que el oficial jefe a cargo de la Subcomisaría de Arroyo Cabral fuera licenciado”.
Pasó más de un mes y poco se sabía cuál era la situación del comisario que, tal como se mostró en su momento, difundía por sus redes sociales los servicios de “Sepriv”, de la cual figuraba como “director logístico” y que está a nombre de su mujer, al manejar una empresa de seguridad privada en lo que significa una actividad vedada para agentes de las fuerzas de la Provincia.
Luego de reiterados intentos de contactos que realizó este medio, finalmente la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, se refirió al tema, aunque de manera extremadamente escueta.
“Está en situación pasiva y se están tomando testimoniales. Se encuentra en una situación complicada porque él está en la red social representando a la empresa”, indicó solamente quien, se supone, está investigando la situación que está caratulada como una “falta muy grave” en las leyes provinciales que rigen la actividad.
Por otra parte, este medio pudo conocer que la empresa que maneja en forma ilícita Quiroga fue la que brindó seguridad cuando el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, estuvo en Villa Nueva para la inauguración de un jardín de infantes el 1 de abril pasado.
Fuentes del Gobierno provincial indicaron que ellos no se encargan de la contratación de la seguridad, por lo que se descarta que quien adquirió los servicios que brinda ilegalmente un policía en actividad fue la Municipalidad de Villa Nueva.
