Tuvo que dejar la precaria vivienda que alquilaba por orden judicial. Los costos se multiplican por siete, según acusó el albañil padre de dos niños
«El problema es dónde van a dormir los chicos esta noche», dijo Franco Ríos, mientras junto a sus hermanos cargó la mesa y los últimos bultos en el camión de la Municipalidad, para cumplir con la orden judicial de desalojar la vivienda que alquila desde hace más de dos años.
Mientras un grupo de amigos busca dónde se alojará la familia, las pertenencias de Franco (de 27 años), la esposa y dos hijos de 5 y 7 años irán a parar al patio de un familiar y quedarán cubiertas por una lona, según indicó. «Los alquileres acá son muy altos, van de 2.800 a 3.500 pesos, y si pago eso no puedo alimentar ni vestir a mis hijos», sostuvo el inquilino, que deja un monoambiente y baño de menos de 30 metros cuadrados, con techo de chapa (sin cielorraso ni otro recubrimiento ni mampostería alguna más que unas tarimas de madera sueltas por arriba) y un pequeño patio. La casa del propietario, Maximiliano Urunde, no es de mayores dimensiones. El dueño es jubilado y con el alquiler hace un ingreso más.
Franco es peón de albañil y dijo que gana un promedio de 1.300 pesos por semana. «Si pago un alquiler de 3.500 pesos, ¿qué les doy de comer a mis hijos?», insistió. Asegura que pagó «siempre el alquiler, de 800 pesos». «Puede que a veces me haya atrasado un día o dos, pero siempre pagué», afirmó.
Además, mostró preocupación porque sus hijos acusan problemas de salud: «El de 7 años sufre de asma y al de 5 tienen que operarlo para sacarle las amígdalas, lo que no se lo pueden hacer en el Hospital de Villa María porque nos dijeron que no tienen los aparatos, así que será en Córdoba».
Corte de luz
El contrato se terminó hace tres meses y «en ese momento le cortaron la luz. Cómo le van a cortar la luz cuando hace unos tres años pasó que un sobrino llegó a esa situación y alumbrándose con velas se produjo un incendio en la vivienda, donde uno de los chicos murió…», se quejó uno de los hermanos de Franco.
«La Municipalidad no tiene respuesta, no puede dar solución, dice, porque ni siquiera tiene terreno. Estoy anotado en la lista para casas hace como un año y había ido a anotarme a Cáritas también. Si consiguiera un terreno podría comenzar a construir con mis manos una casita, esa sería una salida, pero los terrenos acá están muy caros también. El otro día se pagaron 180 mil pesos en un remate por un lote de 12 metros de frente por 26 de fondo», narró Franco.
El proceso
En la calle, el camión y dos móviles del Destacamento Policial (uno de ellos el que aporta Seguridad Ciudadana), enmarcan el operativo que lidera el comisario inspector José María Gerónimo en el mediodía tiopujiense. La abogada de Urunde, Betiana Mondino, da otra versión de los hechos, pero se limitan a mirar cómo Franco, sus hermanos y un amigo cargan sus cosas. La esposa y los niños no están.
«El proceso se inició por falta de pago, en mayo», expresó Mondino, Y precisó que «después se dieron diez días para desocupar la vivienda y no se hizo. Luego se le otorgó otro plazo, pero no se atendió nuestro pedido, a pesar que se lo notificó y comunicó casi todos los días para evitar esto. Incluso hicimos que no estuvieran los chicos y hasta pedimos que viniera el camión de la Municipalidad para cargar sus pertenencias».
También detalló la abogada que el costo del alquiler «es de 500 pesos (más servicios) y mi cliente es un jubilado que necesita este ingreso. Y hasta queda pendiente una deuda de luz y agua». «Esto es la ejecución de una sentencia y se dieron hasta tres días más para no llegar a esto, sin embargo, acá estamos», lamentó la letrada.
