Mientras se espera que la Justicia resuelva las facturas continúan llegando a los domicilios con aumentos superiores al 400%, provocando un malestar general en la sociedad. El abogado Carlos De Falco dijo que “el precio del servicio público debe ser lo que el ciudadano trabajador puede pagar y lo que falte para cubrir el costo deberá aportarlo el Estado”

Los días siguen pasando, las soluciones no aparecen y la paciencia de la gente es cada vez menor. Lo cierto es que, mientras la Justicia sigue sin resolver, las facturas del servicio de gas siguen llegando a los domicilios de la ciudad con suculentos aumentos y el grueso de la sociedad manifiesta su malestar al respecto. Así quedó evidenciado una vez más ayer, cuando cientos de personas acudieron a las oficinas locales de la empresa proveedora del servicio (Ecogas) para reclamar por los desmedidos incrementos que sufrieron sus boletas.

Días atrás, la Auditoria General villamariense presentó en la sede local del Juzgado Federal un recurso de amparo colectivo para dar marcha atrás al tarifazo que se produjo a nivel nacional, ante lo que el juez Roque Rebak decidió resolver que las tarifas deberían emitirse con un tope de aumento del 400%.

En un principio la decisión del magistrado fue celebrada por la Defensoría del Pueblo, presidida por Alicia Peressutti y bajo el patrocinio del abogado y concejal Carlos De Falco, debido a que se hizo lugar a la medida cautelar en carácter de amparo colectivo. Pero poco después, Peressutti y De Falco acudieron nuevamente al Juzgado Federal para presentar una apelación parcial a lo dispuesto por Rebak, solicitando que se revea la decisión de adecuarse al tope de aumento dispuesto por el Gobierno nacional y desde ese momento están esperando una respuesta que aún no llegó.

En relación a ello, el asesor letrado sostuvo que “el juez Roque Rebak hizo lugar a la resolución que establece un tope de aumento de 400% en el servicio de gas, pero eso a la gente no le sirve”.

“Por citar un ejemplo, el año pasado alguien que pagaba 200 pesos de gas, en realidad había consumido 300 pesos, pero tenía un subsidio de 100 pesos. Este año se consumió prácticamente el doble de gas, porque fue el otoño más frío de los últimos 50 años, o sea que se tendría que haber pagado 400 pesos, pero llegaron facturas por 2.400”, agregó.

Al respecto, añadió que “así de fácil es la cuenta, el 400% de aumento es una locura porque a ese valor hay que sumarle la quita del subsidio por parte del Estado y el aumento se convierte en superior al 1.000%, una verdadera irracionalidad”.

“Los servicios públicos, como el agua, la electricidad y el gas, no son mercancías, son derechos universales y humanos que tienen las personas, porque hacen a su salud y a muchos factores de vital importancia”, manifestó.

También indicó que “el precio del servicio público debe ser lo que el ciudadano trabajador pueda pagar y lo que falte para cubrir el costo deberá aportarlo el Estado, sacando de donde sea el dinero para poder hacerlo”.

Para finalizar, agregó que “si hoy hasta media mañana no tenemos una solución al respecto, iré personalmente a hablar con Rebak”.

Por los clubes

En otro orden, De falco informó que ayer, “con la firma de 11 clubes pero en representación de todas las instituciones de la ciudad, presentamos un amparo por la tarifa de servicios públicos para los clubes de la ciudad”.

“Lo que pedimos allí fue la aplicación de la Ley Nacional 27.098, conocida también como ‘Ley Baldassi’, que fue aprobada el año pasado y establece un registro de clubes de barrio y pueblo para otorgarles una serie de beneficios, entre los cuales se detalla que tendrán una tarifa social básica para los servicios públicos”, dijo.

A la vez sostuvo que “en el Presupuesto para el año 2016 la Nación estableció una partida de 300 millones de pesos para cumplir con esa normativa, pero esa ley nunca se reglamentó y, por ende, la tarifa social para los clubes no se estableció”.

“La Constitución Nacional dice que es una atribución del Poder Ejecutivo, entre otros aspectos, reglamentar las leyes, algo que hasta el momento con la ‘ley Baldassi’ no ha sucedido”, criticó.

Para terminar, señaló que “la palabra atribución significa obligación y no se refiere a una cuestión de deseo o no para hacer tal o cual cosa. Por eso le he pedido al juez Rebak que le ordene al Poder Ejecutivo reglamentar la Ley 27.098 conforme a su obligación y de acuerdo al artículo 99 de la Constitución”.