NOTA Nº 475, Escribe: Jesús Chirino
Por estos días se difundió el «Informe de investigación sobre víctimas de desaparición forzada y asesinato, por el accionar represivo del Estado y centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión clandestina». El documento ha sido producido por el Programa de Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y está fechado en noviembre de 2015. El informe fue publicado en medio de un clima de relativización del genocidio, generado por declaraciones de figuras políticas que intentan poner en tela de juicio la cifra de 30 mil detenidos – desaparecidos por el accionar del terrorismo de Estado.
Inconsistencia metodológica
El documento del RUVTE, creado en 2013 y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, refiere un «listado corregido y actualizado de víctimas -de desaparición forzada y de asesinato- del accionar represivo ilegal del Estado argentino, en su propio suelo o en el extranjero, entre los años 1966 y 1983». Individualiza un total de 8.631 víctimas, sumando los casos de desaparición forzada y asesinatos. Una cifra que, a todas luces, resulta insostenible. En el propio informe se dice que no se trata de datos definitivos y «que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones u organismos -y otros de los que se tiene conocimiento parcial a través de distintas vías- no refrendados ante la Secretaría, lo que en modo alguno los invalida, pero sí impide a ésta dar cuenta de ese universo en forma completa».
Es allí cuando el informe desnuda su inconsistencia aceptando que sus cifras son parciales y acepta la existencia de casos que por no haber «sido refrendados» ante la Secretaría de DD.HH. quedaron fuera de toda consideración. Pero, a pesar de esto, de manera increíble presenta numeroso cuadros estadísticos que, supuestamente, revelarían el comportamiento de algunas variables. Entonces tenemos, que de un universo estimado en, por lo menos, 30 mil casos, se relevó un porcentaje inferior al 30% de los mismos, sin respetar principios metodológicos básicos que permitieran sostener que éstos conforman una muestra representativa.
Conociendo todo esto, no tiene mucho sentido tirar cifras que en lugar de ayudar a establecer una verdad serán utilizadas para la confusión. De ello dan testimonios los numerosos títulos de prensa señalando que la cantidad de detenidos-desaparecidos, durante el terrorismo de Estado, sería menor a la sostenida históricamente. De allí que se produjeron justificadas reacciones como la que este jueves 10 de noviembre, cuando Abuelas, Madres-Línea Fundadora, Familiares e HIJOS, publicaron un comunicado «motivado por la campaña de desprestigio contra los organismo de DD.HH.» en el cual dicen que «los perpetradores ocultaron sus crímenes, los negaron y todavía hoy persisten en su silencio», además señalan que «en los últimos meses hemos advertido intentos por negar el genocidio, reinstalar ‘la teoría de los dos demonios’ y desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos. Abierta o solapadamente, se trata de relativizar los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado y poner en cuestión la lucha de los organismos» ante lo cual reivindican su lucha.
Cifras anteriores
La cifra que pone el RUVTE es la más baja que ningún organismo oficial o privado, nacional o extranjero haya suministrado hasta este momento y lo hace, insisto, en medio del clima generado por declaraciones de figuras políticas como Darío Lopérfido o la aparente imparcialidad del presidente de la Nación que en una entrevista realizada por el medio norteamericano Buzz Feed dijo «no sé si fueron 30 mil o nueve mil, es una discusión en la que no voy a entrar». Pero el Estado sí entra en el debate mediante este informe, inválido desde lo metodológico y que arroja cantidades insostenibles.
Repasemos algunas de las veces que se habló con cifras acerca de los detenidos desaparecidos. Por ejemplo en 1977 Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar, habla de «15 mil desaparecidos, 10 mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror». En 1984, cuando los militares aún tenían mucho poder, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) estableció, aclarando que no era un cifra definitiva, en 8.960 el número de personas que continuaban «en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos». Estos datos estuvieron bien chequeados y claramente presentan una cifra superior a la del Rutve.
La cifra de la Conadep, tal cual dice su informe, no son definitivas por el sencillo motivo que aún era difícil denunciar, recordemos que en 1984, en franco desafío al gobierno constitucional, la Marina mantenía secuestrada a Cecilia Viñas Moreno, quien estando detenida en un centro clandestino logró hablar por teléfono con su madre. Es decir, nadie puede pensar que en ese clima se denunciaron todos los casos.
Pero existen otros antecedentes que hablan de cifras. Un caso son los documentos que, en 2006, fueron desclasificados por Estados Unidos y que revelaron que los militares reconocieron que entre 1975 y mediado de 1978 habían asesinado o hecho desaparecer 22 mil personas. Un documento aportado por el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University está firmado con el seudónimo «Luis Felipe Alemparte Díaz» que corresponde a Arancibia Clavel, agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires que con funciones dentro del Plan Cóndor debía informar a Chile qué pasaba en Argentina. Aún faltaban cinco años para el recupero de la democracia cuando, en julio de 1978, Arancibia Clavel remitió ese cable a sus superiores de la DINA, donde escribe que según sus contactos en el Batallón 601 ya se habían «computado 22 mil entre muertos y desaparecidos», desde 1975 y hasta «el día presente». Durante el mismo año 78, el 22 de diciembre, Allen Harris, funcionario de la Embajada de EE.UU., mandó un cable secreto diciendo que para entonces el número de «desaparecidos muertos» se elevaba a 15 mil. Podríamos continuar dando cifras, todas superiores a las que ha publicado el RUVTE, incluso si se suman los detenidos – desaparecidos que pasaron por cada centro clandestino la cifra es muy superior a la de este organismo.
La relativización de las atrocidades llevadas adelante por el Estado terrorista tiene una historia que arranca en la misma dictadura, pero también ha producido capítulos en distintos momentos. No olvidemos el caso de César Milani, quien fuera jefe del Ejército estando acusado de delito de lesa humanidad. Cuando en 2013 el CELS ratificó la impugnación al ascenso del general dijo «Milani alega desconocimiento sobre hechos probados por la justicia en fallos firmes, como la existencia de un centro clandestino de detención en la unidad en la que prestaba servicios y que tuvo a su cargo la responsabilidad primaria en las operaciones represivas, y la presencia en esa unidad de civiles privados de su libertad». Hace pocos días este militar retirado fue recibido en la sede oficial de gobierno local, cuestión que puede ser síntoma de que la relativización de lo perpetrado por el Estado terrorista es algo que está atravesando diferentes sectores de la sociedad. Pero, por otra parte, está en claro que memoria, verdad y justicia continúa siendo la bandera que gran parte de la ciudadanía y los organismo de DD.HH. continúan levantando. Los ¡30 mil detenidos – desaparecidos presentes, ahora y siempre!
