Escribe: Miguel Rodríguez Villafañe

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

El 29 de agosto, desde 1958, se celebra en Argentina el Día del Abogado, en homenaje a la fecha del natalicio de Juan Bautista Alberdi, el abogado que ayudó a institucionalizar el país dando las bases para la Constitución de 1853.

A 164 años de dicha Constitución que nos rige, con modificaciones, duele el alma jurídica de la Argentina. Reconquistamos con esfuerzo en 1983 el Estado de derecho y, sin embargo, ello no ha asegurado la vigencia plena del Derecho en el Estado.

Se desnaturalizan las normas y se las utiliza de manera tramposa. Se encuentran argumentos para negar el amparo, individual o colectivo, de derechos humanos esenciales. Las conveniencias políticas del momento mandan. En esa nebulosa, que empaña la visión, la ley se vuelve relativa y, por ende, todo vale.

En los hechos, la vida, la libertad, el honor y los bienes de las personas terminan dependiendo de necesidades de los gobiernos de turno o del índice de audiencia de algunos medios de difusión.

En general, cada vez menos la sociedad siente que las cuestiones planteadas ante la Justicia se resuelvan por jueces independientes, trabajadores, idóneos e imparciales, mediante fallos que resulten la aplicación razonada del derecho vigente, fundados en pruebas legales y en un juicio en el que se haya garantizado, integralmente, el debido proceso legal y que garanticen que no haya impunidad, en especial, para los poderosos.  

La inseguridad jurídica es uno de los sentimientos que más angustian en este momento. La realidad se percibe tramposa y todo se vuelve precario. La sensación de injusticia nos inunda, aunque no se podría dejar de señalar que hay grandes sectores de la Justicia y de la profesión abogadil que hacen todo lo posible para que se supere dicha situación.

En democracia, la norma y su aplicación deben buscar, siempre de buena fe y de manera previsible, construir una sociedad justa, igualitaria, equitativa y solidaria y con mayor razón en este momento de crisis social, laboral y económica.

Demora judicial

A lo antes dicho cabe señalar que vivimos una grave demora judicial para resolver las causas. Demora que se debe a varios factores.

Por un lado, existe un Poder Judicial colapsado, ya que hay una gran cantidad de causas en algunos fueros que hace imposible llevarlas al día. Es fundamental estudiar la manera de generar nuevos juzgados en diversos lugares, ya que en muchos casos el cúmulo de tareas trae como consecuencia dos patologías, la desazón de los jueces y funcionarios probos y trabajadores, porque aunque se dediquen intensamente a su función resulta imposible estar al día. Y por el otro lado, ello trae que se dé una gran delegación de tareas en diversos empleados, que con buena voluntad trabajan los juicios, pero que no son los que la ley desea que se aboquen a las causas.

Nuevos juzgados, mayor informatización del sistema, más jueces, funcionarios y empleados y reformas procesales fundamentales son imprescindibles para adecuar la actividad judicial a la realidad posible y necesaria.

Mas la demora judicial termina produciendo la máxima discriminación en democracia, ya que son los pobres y los más débiles los que no pueden esperar indefinidamente la anhelada justicia en su caso.

Eliminar la Feria de julio

Hay que eliminar la Feria de julio, manteniéndola solo a los efectos de que no se presenten nuevos juicios ni escritos, pero con tarea interna. Eso ayudaría mucho a poner al día a la Justicia que se encuentra en emergencia. A su vez, todos deberán tomar la Feria de enero que, como vacaciones anuales de 31 días, es suficiente y aquellos jueces o funcionarios que tuvieran que compensarla por trabajar en dicha Feria, obligatoriamente deberán hacerlo en febrero. De esa manera se tendrá la seguridad de que en marzo, integralmente, estará en funcionamiento el Poder Judicial. Resulta grave, especialmente en el fuero penal y en el laboral, donde las causas son orales y la presencia de los magistrados insustituible, que con motivo de las compensaciones de Feria queden desarticuladas las Cámaras en fechas centrales de la tarea judicial, porque quienes trabajaron en enero piden la compensación de Feria en cualquier momento.

Actitud mafiosa estatal

Asimismo, resulta doloroso que el presidente Mauricio Macri hable generalizando de mafias de abogados en materia laboral sin mencionar casos concretos que, por supuesto, de darse, deben combatirse con la ley, como cualquier delito, pero de ninguna manera se puede estigmatizar a quienes desde la abogacía defienden los derechos de los trabajadores.

Por el contrario, si de lo que se trata es de criticar procederes reñidos con la buena fe procesal, podemos hablar de una verdadera actitud mafiosa constante por parte del Estado. Ello así, ya que es el Estado el que apela todas las resoluciones judiciales y obliga a litigar en primera, segunda instancia, en los superiores tribunales de provincia y hasta la Corte Suprema de la Nación, en temas en los que se está ante sentencias objetivamente justas o hay jurisprudencia pacífica a favor de quienes tuvieron que accionar en contra del Estado. Este, en gran cantidad de causas solo apela para dilatar los juicios, generando un gran desgaste jurisdiccional y neutralizando el accionar de los abogados, que deben trasmitir a sus clientes su impotencia ante la demora constante planteada por el Estado. Un ejemplo paradigmático se da en el fuero previsional, en el que no solo se obliga a los jubilados a pasar años y años litigando por los haberes jubilatorios que no se los liquidan como corresponde en ley, sino que además el Estado litiga sin costas. Estas últimas se las hacen pagar al jubilado, no obstante haber ganado el planteo y ser la víctima. Para colmo, al final, los gobiernos de turno especulan que, con mayorías adictas en la integración de la Corte Suprema, podrán obtener resultados favorables o de lo contrario, aún con sentencias en contra del máximo tribunal, también buscan dilatar su cumplimiento.

Abogamos por que se asegure, de buena fe, el derecho al derecho, en igualdad y justicia para todos.