El presidente de la Asamblea dijo que 2016 fue un año hostil, sin avances de la Justicia y en el que se vivió el alejamiento de algunos miembros, pero se mostró optimista en que este año las causas avanzarán; además aseguró que la gente no se involucra
El presidente de la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad, Manuel Sosa, se lamentó de que durante 2016 no se pudo avanzar en las causas que denunciaron. No obstante, aseguró que se siente esperanzado en que la Justicia finalmente avance.
“La Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad, en su actual formato legal de simple asociación, fue constituida el 21 de julio de 2016. Debimos recurrir a esta vía, ya que la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia pretendía que cambiemos no sólo el nombre sino también el objeto social de la Asamblea. Cambiar el nombre y el objeto social significaba perder la identidad. Significaba dejar de ser una entidad que lucha contra la corrupción y la impunidad, para pasar a ser un grupo de personas sin un propósito definido, lo que implicaba tanto como matar a la Asamblea”, remarcó Sosa.
“Seguramente ese era el objetivo final de todos aquellos a los que hemos llamado la atención por sus conductas antiéticas”, agregó.
“Nosotros no somos, individualmente, los paladines de la verdad, ni somos santos, somos seres de carne y hueso, con nuestros errores y defectos. Pero si cada uno de nosotros pone lo mejor de sí mismo, la fuerza de esta entidad sí representará los valores de verdad y justicia”, consideró Sosa.
“La Asamblea se elevará por encima de cada uno y podrá ser la nave mediante la cual lograremos, lenta y sostenidamente, tener una sociedad mejor, un país mejor, un mundo mejor”, añadió.
“Nosotros representamos un posicionamiento de la sociedad, somos un grupo de personas que no está involucrado políticamente, no trabajamos para un partido político determinado, y hemos hecho una serie de planteos. Conozco gente que no participa de la Asamblea y me pregunta por lo que estamos haciendo, creo que esa gente ve que llenamos un espacio en una sociedad en la que hay mucha hipocresía y en la que los sectores políticos no van a fondo en la lucha contra la corrupción. Como nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, ni un acuerdo, ni vamos detrás de ninguna candidatura, vamos de frente y decimos las cosas como son, entonces hay un sector importante de la sociedad que se siente identificado con nuestra propuesta. Que haya alguien que diga las cosas como son es algo que le hace bien a la sociedad”, opinó el titular de la Asamblea.
Un año hostil
No obstante, admitió que el nivel de participación de los ciudadadanos en el trabajo que se realizan es bajo.
“La Asamblea ha tenido un año muy hostil, ya que la sociedad no se involucra en la lucha contra la corrupción. La gente apoya en la calle nuestro trabajo, nos felicita, pero cuando llega el momento de trabajar, son muy pocos los que están dispuestos a hacerlo. Muy pocos son los que quieren exponerse ante un poder político al que consideran esencialmente corrupto y al que no creen que se pueda remover”, afirmó.
“También algunas personas de la propia Asamblea se han alejado ya que no han entendido que no podemos desarrollar una ideología de amigo-enemigo, en la que se dice nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Lamentablemente hay organizaciones que intentan cohesionarse desde esa perspectiva, con la que no concuerdo, razón por la cual es más difícil sostener la continuidad de un proyecto que es primordialmente ético y por lo tanto, no es un proyecto político”, señaló.
Justicia paralizada
“Otro inconveniente que hemos tenido es la necesidad que tiene la gente, de ver resultados palpables”, aseveró.
“La Justicia Federal y Provincial, hasta el momento, no han avanzado imputando a ninguna persona en base a las denuncias que hemos formulado. Ni a las que han hecho terceros. Sólo se han movido las denuncias que han caído en manos de la Justicia Federal de Buenos Aires, aunque todavía no ha habido imputaciones formales”, dijo Sosa.
“A nivel local, el fiscal Gustavo Atienza ha sido denunciado, por lo que no puede intervenir en ninguna causa que nos involucre. La fiscal Silvia Maldonado viene bloqueando la denuncia contra la Cooperativa de Agua 15 de Mayo desde hace más de un año. La fiscal de Oliva, Mónica Biandrate, no tomó ninguna medida con la denuncia por la causa de los fuegos artificiales, hace más de un año”, detalló.
“Esperamos que el fiscal René Bosio tome alguna medida de fondo a la brevedad con respecto a las causas de enriquecimiento ilícito contra el exintendente Eduardo Accastello y en la de las conciliaciones bancarias. Bosio dice que tiene muy avanzada la investigación, pero no ha tomado una medida de fondo”, aseguró.
“En los años de vida que lleva la Asamblea, la Justicia provincial sigue casi en la misma actitud, esperamos ver que el fiscal Bosio tome una decisión, él está investigando, pero decisiones no tomó ninguna, entonces de nada sirven las investigaciones si no se llega a ningún destino. Uno ve que en la Justicia Federal de Buenos Aires los fiscales toman decisiones ni bien se hacen las denuncias, acá no, acá continúa la parálisis de la Justicia, con ninguna de las denuncias que hicimos se resolvió nada. En la Justicia Federal de Villa María y en la Justicia provincial de Villa María, hasta ahora no ha habido ningún cambio. Tengo esperanzas de que Bosio, que tiene en sus manos dos denuncias muy importantes, dicte a la brevedad alguna resolución de fondo. Tengo esperanzas de que avance”, afirmó Sosa.
Una molestia
“Algunos sectores políticos que se negaron a acompañar nuestra lucha, luego han intentado apoderarse de los principios de la pelea contra la corrupción, seguramente porque no quisieron dejar un espacio que sea ocupado por otros”, sostuvo Sosa.
“Esta mediocridad de la clase política daña las instituciones y, en definitiva, daña el tejido social, ya que la ciudadanía observa a una dirigencia que continúa usando las mismas reglas de aquellos a quienes trata de corruptos”, añadió.
“Para que este país cambie, necesitamos una dirigencia que se eleve por encima de los intereses personales, de los beneficios del poder. Una dirigencia con principios éticos, que piense en grande”, opinó.
“Creo que a los políticos no les interesa que funcione la Asamblea contra la Corrupción, porque les quita espacio y les plantea cuestiones que no quieren verse obligados a responder. La Asamblea es una molestia para ellos, sea con el gobierno que sea”, remarcó.
Continuar el trabajo
Por otra parte, Sosa describió los objetivos que se planteó la Asamblea para este año.
“Uno de los objetivos que nos fijamos para 2017 es continuar la actividad desarrollada en 2016”, aseguró.
“Otro es el cambio de autoridades. En julio 2017 sería deseable un recambio del presidente porque el cargo es por un año, sea por el sistema que sea, armando lista o por consenso”, agregó.
“También nos propusimos aumentar fuertemente la generación de ingresos. Las empresas o personas físicas que pagan Ganancias pueden otorgar hasta un 5% de esa ganancia a entidades que estén autorizadas por la AFIP a recibir ese dinero, por eso estamos tramitando la autorización que se necesita de la AFIP para recibir esos aportes del 5% de Ganancias que pagan los contribuyentes”, explicó.
“El aumento de los ingresos nos permitirá llevar a cabo eventos de mayor envergadura económica y profundizar las investigaciones que llevamos adelante, algo que hoy no podemos hacer por falta de recursos”, señaló.
“Otro de los obejtivos es fortalecer la relación con bloques políticos de la Legislatura de Córdoba que luchan contra la corrupción”, apuntó.
Denuncias
Finalmente, Sosa recordó que entre otras muchas actividades que llevaron a cabo en 2016 desde la Asamblea, se encuentra la denuncia contra PlanetaVerde SA y las autoridades de la UNVM, presentada en marzo pasado. Dicha causa está en trámite y se han librado oficios a la Auditoria General de la Nación.
También presentaron en septiembre pasado una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Eduardo Accastello, que está en trámite, y por la que se están receptando testimoniales y librando oficios.
“En febrero deberíamos presentarnos como querellantes”, añadió.
Además, mencionó la denuncia por conciliaciones bancarias presentada en la Fiscalía Federal y luego pasada a la Fiscalía de Tercer Turno de esta ciudad, que está en trámite.