Escribe: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

La Cooperativa Popular Eléctrica (CPE) de Santa Rosa de La Pampa y sus dirigentes han estado y están indeleblemente unidos en la lucha por reivindicaciones esenciales para la dignidad de las personas. En el ideario de solidaridad han trabajado firmemente en el derecho al pleno ejercicio de la libertad de expresión.    

Primer Grito

En abril de 2003, organizado por la cooperativa, se reunió en Santa Rosa el cooperativismo argentino en el Primer Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo. Allí, se dio el que se llamó “El Primer Grito de Santa Rosa”.

En la ocasión se dejó en claro que los derechos a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión, en un marco plural, son presupuestos esenciales de la Democracia. Se sostuvo la importancia de democratizar las comunicaciones. A su vez, se exigió la pronta derogación del artículo 45 de la Ley de facto 22.285 de 1980, que no permitía que entidades no comerciales, como cooperativas, mutuales y demás organizaciones sin fines de lucro, puedan acceder a la titularidad de licencias de radiodifusión.

Segundo Grito

La lucha por una nueva ley que democratizara la palabra logró su objetivo con el dictado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en octubre de 2009.

Sin embargo, la nueva norma fue paralizada en su aplicación por decisiones judiciales inaceptables e inconstitucionales y por un accionar moroso por parte de las autoridades de aplicación.

Ante ese panorama el sector cooperativo, postergado de poder ejercer integralmente, el derecho humano de la libertad de expresión, decidió juntarse nuevamente, en septiembre de 2011, bajo la misma modalidad con la que se reunió en el año 2003, convocado por la CPE y todo el cooperativismo organizado. Se dio entonces el que se llamó “Segundo Grito de Santa Rosa”. En él se reafirmó la vocación de exigir, a la brevedad, poder contar con los medios de difusión a los que se tenía derecho de acceder, enfrentando a las lógicas monopólicas que pretendían y pretenden impedir la presencia de las organizaciones sin fines de lucro, en la prestación de servicios audiovisuales.

Tercer Grito

Ahora, a finales de junio de este año, ante diversos Decretos de Necesidad y Urgencia inconstitucionales mediante los cuales se ha mutilado gravemente la Ley 26.522, la CPE ha sido participe activa y anfitriona de la convocatoria de la Coalición por una Comunicación Democrática al Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”.

La Coalición está conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, mutualistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos, de Pueblos Originarios, organizaciones sociales y especialistas comprometidos en la temática.

En la ocasión se dio el “Tercer Grito de Santa Rosa”. En el mis-mo, entre otros requerimientos, se hizo presente, la preocupación por la contratación, altamente onerosa, por parte del gobierno, de consultoras internacionales con intereses comerciales para asesorar al go-bierno en la elaboración del futuro marco regulatorio. También se denunció la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el Gobierno nacional que eliminó los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. Asimismo, se dejó explicitados las solicitudes de la Multisectorial por la ficción y la producción nacional audiovisual, así como los reclamos de los periodistas de todas las centrales sindicales por los más 2000 puestos de trabajo perdidos, en lo que va del año 2016. Además, se respaldó a continuidad de la Televisión Digital Abierta (TDA), como política pública de inclusión en la comunicación; se pidió que se garantice a la brevedad el acceso al 33% de las licencias para las organizaciones sin fines de lucro y se exigió el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los Proyectos del Fondo Concursable (Fomeca) instaurado por la Ley 26.522.

*Abogado constitucionalista, de cooperativas y mutuales, especialista en Derecho de la Información y periodista