Es una niña villamariense de 9 años con hipomielinización encefálica. Su madre estuvo presente en el reclamo que organizaciones realizaron ayer en el centro pidiendo la derogación de un decreto de los 90 en el que se basa el Gobierno actual para quitar el derecho
Bárbara tiene 9 años, va a la Escuela Estrada de barrio Bello Horizonte y tiene hipomielinización encefálica de grado seis, una discapacidad que se repite solo en cuatro personas más de todo el planeta, siendo ella la única de Argentina con esa condición.
El Estado nacional le suspendió la pensión que le corresponde y, tal como sucedió en todo el país después de los reclamos masivos, fue uno de los casos en los que se logró volver a recuperar ese derecho, aunque sujeto a algunas condiciones.
Por estas horas están intentando reunir “dos mil papeles” para demostrarle al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, que Bárbara sigue con esa deficiencia neurológica que le produce retrasos madurativos. Así lo explicó su mamá, Susana García, quien aseguró que no saben si la pensión “se volvió a habilitar de por vida o solo por unos meses”.
El motivo del recorte fue por amparo familiar, ya que el padre de la niña tiene un recibo de sueldo en blanco que supera el monto equivalente a tres jubilaciones mínimas, según explicó Susana.
Sin embargo, aclaró que los $4.000 que Bárbara recibe por mes “son para ella”: “Es algo de ellos, es su plata y es un derecho adquirido que le corresponde”.
La consulta al fisiatra o al neurólogo -que no le cubre la obra social- cuesta entre $800 y $1.000 cada una, lo que en suma significa casi la mitad de lo que perciben por mes.
Florencia Roccaro es la mamá de Antonella, una niña de 8 años con parálisis cerebral que cobraba la pensión desde el año, pero ya no. Desde el Gobierno que conduce Mauricio Macri argumentaron también amparo familiar. “Lo vemos mal, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de mandarnos una nota o algo avisando para que fuéramos iniciando los trámites que ahora estamos haciendo, que es como hacer la pensión de cero, como si nunca la hubiera tenido”, se lamentó la mujer.
Ambas madres estuvieron presentes ayer en el centro de la ciudad, frente a plaza Centenario, donde junto a otros padres y personas con discapacidad se movilizaron por la misma situación que se generalizó en el país y que tiene con temor a quienes reciben estas pensiones.
Una cuestión de principios
Rubén Aguiar -delegado de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) en ANSES, quien también tiene un hijo con discapacidad- aseguró que lo del Gobierno nacional “es una
cuestión de principios y de saber que con los jubilados, con los pensionados, con la discapacidad no se juega a prueba y error, como hemos visto desde el principio de esta gestión”.
Seguidamente, el trabajador de ANSES dijo que la administración “se está equivocando” con las políticas de previsión social.
“Vemos cómo se han otorgado con pleno derecho muchas jubilaciones, como, por ejemplo, las de ama de casa que nunca tuvieron aportes, pero hay jubilaciones de privilegio que se han otorgado en otro momento que no se controlan. Entonces, ¿por qué vamos a controlar los haberes más bajos de la gente que no le alcanza para vivir dignamente?”, analizó Aguiar en diálogo con nuestro medio.
¿Qué dice la ley?
El Decreto 432/97 -por el que se reclama la derogación- plantea en el Capítulo 1 los requisitos para acceder a las pensiones, entre los que se menciona “no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo”, como así también -y más polémico aún- “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”.
