El 10 de diciembre de 2015 se cerraron 12 años de profundas transformaciones, sobre todo en materia de recuperación de instituciones laborales. Pero ello no implicó una transformación definitiva de nuestra matriz productiva y restan muchos aspectos para encarar y resolver, basado en que todo crecimiento debe ser acompañado por una justa distribución de la riqueza y que en momentos de desasosiego económico la carga no puede centrarse en los sectores trabajadores y populares.

A lo largo de estos 100 días, los trabajadores y el movimiento obrero organizado hemos observado con preocupación y mucha templanza de ánimo, las primeras medidas que muestran los lineamientos estratégico del nuevo Gobierno. No pretendemos realizar un análisis terminante de lo acontecido porque creemos que es posible generar instancias de dialogo que permitan la adopción de medidas que conlleven a dar respuestas a las necesidades de todos los argentinos, reviendo incluso algunas de las medidas adoptadas.

Con preocupación observamos el despido arbitrario de trabajadores estatales y privados, los episodios de represión de la protesta gremial, los abusos de autoridad de las fuerzas de seguridad, los cambios en el protocolo de actuación del Estado frente a manifestaciones públicas y la detención ilegal de dirigentes sociales y sindicales.

Mayores dudas

El objetivo de terminar con la pobreza es el que más fuertemente nos convoca a la reflexión y genera mayores dudas de cara al futuro. El trabajo es la principal herramienta de inclusión social y de lucha contra la pobreza. En los primeros días de gobierno observamos una gran transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, sobre todo a través de la reducción de retenciones a las exportaciones, la devaluación de la moneda, que ya supera el 50%, y el inicio de un aumento desproporcionado de tarifas, medidas que han repercutido en un aumento exponencial del costo de vida de los trabajadores, jubilados, pensionados y pueblo todo, que aún no alcanzamos a dimensionar, a través de una fuerte escalada inflacionaria, a lo que debemos sumar la aprobación de pago a los “fondos buitre”, hipotecando el futuro de los sectores del trabajo, por imperio del endeudamiento que implica requerir para su pago contar con recursos crediticios de organismos internacionales.

El reciente anuncio de alivio del Impuesto a las Ganancias y el respeto por la fecha de aumento de las asignaciones familiares que, junto con la continuidad de la movilidad jubilatoria y de la AUH, son centrales para atenuar el efecto de estas políticas sobre los sectores trabajadores en especial los de menores recursos. Sin embargo, trabajadores que no pagaban Impuesto a las Ganancias comenzarán a tributar y probablemente sean más beneficiados los sectores más altos de la escala de ingresos.

La propuesta de una negociación colectiva basada en una inflación alejada de la realidad nos pone en alerta sobre el intento de imponer techos a la negociación paritaria y la velada amenaza que se esconde tras el slogan de que los sindicatos debemos optar entre negociar salarios o estabilidad laboral.

A las políticas instrumentadas por el Poder Ejecutivo Nacional se suma como un latrocinio la reciente modificación del sistema jubilatorio en nuestra provincia de Córdoba, que entre gallos y medianoche se aprobó mediante Ley 10.333 el cercenamiento de derechos ganados legítimamente con esfuerzo y contribución en su vida activa como trabajadores del Estado provincial, privándolos sin más trámites a transitar en la pasividad de una merecida vida digna.

Es difícil evaluar a esta altura si estas fallas se deben a falta de voluntad política para un equilibrio mayor entre el capital y el trabajo o a incapacidad de gestionar un conglomerado tan complejo de necesidades y urgencias de la sociedad argentina. De una u otra manera, esta conducción local expresa su voluntad de diálogo sin que por ello dejemos de objetivar la defensa irrestricta de los derechos de nuestros representados.