Se trata de Jonathan Tagliavini, quien admitió haber pateado en la cabeza a Juan Pablo Zuchetti durante una violenta pelea callejera registrada el pasado 28 de enero en aquella localidad. El otro implicado en la causa pidió la “probation” y no fue juzgado
Un joven albañil y pintor de Pozo del Molle recibió ayer una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser declarado culpable de haberle ocasionado graves heridas en la cabeza a un empleado municipal de aquella localidad durante una violenta pelea ocurrida a fines de enero en la Terminal de Omnibus mollense.
Al cabo de un juicio oral y público realizado en la Cámara del Crimen de Villa María, Jonathan Fabián Tagliavini (25) fue declarado autor responsable del delito de “lesiones graves” en perjuicio de Juan Pablo Zuchetti (46), quien sufrió un severo traumatismo de cráneo que puso en peligro su vida.
Tagliavini, nacido en Pozo del Molle el 11 de junio de 1992 y domiciliado en Alberdi 375 de dicha población, confesó el hecho por el que fue detenido y procesado junto a Patricio Pereyra (25), alias “Pachi”, quien evitó tener que sentarse en el banquillo de los acusados porque solicitó una “probation” o suspensión del juicio a prueba.
Pereyra también estaba acusado por haber participado en la feroz golpiza a Zuchetti, pero como carecía de antecedentes pudo acceder al instituto legal que permite suspender el trámite del proceso para que el acusado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de la suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva de la causa.
Sin embargo, cabe señalar que fue este último quien inició las acciones violentas contra Zuchetti, a tal punto que lo amenazó con un arma de fuego antes de que interviniera Tagliavini.
En efecto, Pereyra, un soldador profesional que también es oriundo de Pozo del Molle (nació el 21 de septiembre de 1992 y vive en Dr. Mario Fontana 28), mantuvo una acalorada discusión con el trabajador municipal, al parecer porque habría acosado reiteradamente a la esposa del agresor.
Lo concreto es que apenas pasadas las 17 del sábado 28 de enero de este año, en momentos que Tagliavini y Pereyra se encontraban en la playa de estacionamiento de la Terminal, el segundo le recriminó a Zuchetti su proceder y luego de un intercambio de insultos extrajo de entre sus ropas una pistola y le advirtió: “No me jodas que te voy a meter un tiro”.
Fue entonces cuando intervino Tagliavini, quien primero le sacó el arma de la mano a su compañero y la guardó en la cintura, pero luego le apuntó a Zuchetti y le dijo: “A mí no me jodas, que yo sí te voy a tirar”.
En esas circunstancias, Pereyra le dio un golpe de puño en el rostro al empleado municipal, quien cayó pesadamente al suelo, tras lo cual Tagliavini se acercó corriendo y le aplicó un puntapié en la cabeza que lo dejó inconsciente y malherido, en medio de un gran charco de sangre.
Luego de ser asistido en una clínica mollense, el operario fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur de Villa María, donde quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
Los agresores fueron apresados al día siguiente. Pereyra permaneció un par de semanas entre rejas y pudo recuperar la libertad porque carecía de antecedentes. En cambio, Tagliavini continúa detenido por tratarse de un reincidente, ya que en 2015 fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por un hecho de “homicidio preterintencional” registrado en Villa Carlos Paz en 2014.
Podría obtener la “libertad asistida” en febrero
Detenido desde el 29 de enero, Jonathan Tagliavini deberá completar al menos un año entre rejas para poder acceder al beneficio de la “libertad asistida”, instituto legal que permite salir seis meses antes del cumplimiento total de la pena impuesta. Por tratarse de un convicto reincidente, el albañil y pintor mollense no podrá obtener la “libertad condicional”, por lo que con buena conducta y una pericia psicológica favorable estará en situación de dejar la cárcel de barrio Belgrano durante los primeros días de febrero de 2018. El juicio fue presidido por la camarista Eve Flores y contó con la participación del fiscal Francisco Márquez, del abogado defensor Eduardo Rodríguez y del secretario Guillermo Picco.