La UCR opinó que el cambio de figura jurídica para la concesión no soluciona la falta de controles ni la honestidad de quienes tienen que hacerlo
A través de un documento firmado por su presidente, Marcelo Barotto, la UCR de Villa María dio su parecer sobre el cambio que se avecina en la concesión del servicio de agua que actualmente presta la Cooperativa 15 de Mayo.
“La situación de la planta depuradora de líquidos cloacales de Villa María, lejos de aclararse, llega cada vez más turbia. Ahora nos enteramos que el juez federal Sebastián Casanello citó a declarar, para el 7 de diciembre, al actual ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López. La citación obedece a la investigación por sobreprecios en la construcción de las plantas depuradoras de Tigre y Berazategui, por un monto original de $1.838 millones, pero que a julio de 2017 se lleva pagado $7.197 millones.
López, quien era una mano derecha de Julio De Vido, ocupó el cargo de subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación entre 2006 y 2012, fecha en que fue convocado por José Manuel de la Sota para ocupar el cargo que hoy mantiene en el Gobierno de Juan Schiaretti; como un guiño que le hizo al entonces Gobierno nacional para acercar posiciones.
López en el Gobierno nacional participó del plan de saneamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo, junto a la (procesada) Romina Picolotti y Alberto Bresciano. Recordemos que Bresciano es el secretario de Servicios Públicos de la Provincia y tiene a su cargo el control de las prestaciones de los servicios públicos provinciales, dependiente del organigrama que dirige López.
Es decir que quien es investigado por presuntas irregularidades en las construcciones de plantas depuradoras, es en Córdoba quien las debería controlar. Un círculo perfecto de impunidad.
La planta depuradora de Villa María fue inaugurada en abril de 2011; se construyó con recursos aportados por el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de De Vido, y el diseño de la planta habría sido de Recursos Hídricos de la Nación, mientras lo dirigía López. La planta tuvo problemas desde su concepción, con un diseño inviable en la práctica, que hizo que los resultados concluyeran con un fracaso inevitable, contaminando el cauce del río Ctalamochita, los vecinos pagando por un servicio que no se prestó, con millones gastados en una obra que no serviría, con controles que brillaron por su ausencia.
Durante todos estos años desde la UCR hicimos lo que creíamos que debíamos hacer, tal vez los resultados no se dieron en los plazos que uno espera, pero el tiempo parece que va dejando al descubierto una matriz de impunidad.
Las irregularidades en la construcción de la planta depuradora de Villa María no parecen ser una excepción, sino que formarían parte de un negocio sistematizado en el que la Justicia Federal está poniendo la lupa, aunque da la sensación de que en Córdoba el paragua político alcanza también a la Justicia, que ante lo evidente no reacciona.
Está claro que más allá de la figura jurídica que se quiera adoptar para la nueva prestación del servicio de agua, cloacas y desagües pluviales en la ciudad, la debilidad radica en la honestidad de la dirigencia y en la falla de los controles, que, precisamente, no se solucionan con modificar una figura jurídica”, expresa el documento que también lleva las firmas de Patricia Marsili y Pablo Salvador, vicepresidentes del comité villamariense.
