POZO DEL MOLLE – A punto de quedar en la calle, pide intervención del municipio

A Marcela Amaya le alquilaron durante años una vivienda de ex-IPV. La beneficiaria la demandó para que se la devuelva y la Justicia hizo lugar al reclamo, pero en el medio el Gobierno provincial la desadjudicó por falta de cumplimiento

Hace 12 años Marcela Amaya estaba desesperada, con tres hijos menores de edad, sin trabajo estable y sin un lugar donde vivir. Le ofrecieron alquilarle una casa perteneciente al plan de 40 viviendas sociales que hizo la Provincia en Pozo del Molle. Aceptó y allí reside desde 2007; ahora la quieren desalojar.

Hoy atraviesa una situación en la que queda en evidencia cómo la Justicia y sus dilatados tiempos procesales no van de la mano con las decisiones del Ejecutivo a nivel provincial y donde el trasfondo es cómo se hace un mal uso de los bienes del Estado otorgando beneficios a quienes no tienen una necesidad real.

Acompañada de su abogada, María Teodora Perassi, contaron cómo se dieron los hechos.

“En su momento tenía mis tres hijos menores y necesitaba un lugar donde vivir. Apareció esta señora, que me cobraba un alquiler no elevado en su momento por esta casa y acorde a lo que podía pagar. Pagué siempre, fue pasando el tiempo y ellos me aumentaban cada seis meses, fue algo siempre de palabra que duró mucho tiempo. Entre a vivir en esa casa en 2007, hace casi 12 años que estoy. No tenía trabajo fijo, limpiaba casas, trabajaba de moza los fines de semana”, describió la mujer de 45 años.

Prosiguió remarcando que “una vez me pidieron la casa y una persona me recomendó averiguar si habían pagado lo que tenían que pagar por ella”, por lo que se encontró que “desde el propio Ministerio me confirmaron que nunca habían pagado y que estaban incurriendo en una falta y hasta me recomendaron que hiciera una nota de pedido por la casa contando mi situación”.

“Se presentó todo. Me dijeron que solo quedaba esperar. Ellos se enteraron y empezaron la demanda para sacarme”, planteó.

A raíz de eso, Leonilda Albina Barrale, en marzo del 2013, le inició una demanda por desalojo, “la cual fue resuelta casi cuatro años después a favor de la demandante”, apuntó Perassi. El tema pasa por un hecho fundamental: “En el medio del proceso, la demandante fue desadjudicada”.

“El 27 de agosto de 2015 se le notifica que el Ministerio de Infraestructura la desadjudica y le aclara los motivos, entre ellos, que no había hecho la escritura, que debía dinero, etcétera, todo con el proceso judicial vigente”, planteó la abogada.

En su momento, Marcela no tuvo posibilidad de defensa “porque quien era su abogado renunció al patrocinio sin notificarle” y, además, puntualizó que “el 27 de julio de 2014 recibe acta de constatación de la ocupación por parte del Ejecutivo, lo cual también vuelve a suceder en noviembre de ese año”.

Dos problemas

“La cuestión de fondo es que más allá de la necesidad que tiene de la vivienda, y que la tuvo desde el primer día, acá nos parece injusto que tengamos que devolverle este bien que es del Estado a alguien que nunca cumplió y que evidentemente nunca lo necesitó porque no vivió ahí ni tenía niños”, reclamó Perassi.

De hecho, afirmó, “ella misma reconoció que Marcela estaba en situación desesperante porque no tenía donde vivir con sus hijos y que le cobraba alquiler por la casa”.

Es decir, “no solo no vivió, no pagó, no cumplió, sino que encima cobraba un alquiler y esto la Justicia lo denota porque hay comprobantes del pago de ese alquiler”.

Tampoco está claro qué es lo que sucederá con la vivienda de concretarse el desalojo, porque si bien la Justicia dice que debe ser devuelta a Barrale, la Provincia la desadjudicó. Ante esta contraposición, “planteamos hacer una presentación en la Dirección de Viviendas en Córdoba sobre cuál es la situación, llevamos las pruebas y pedimos que nos digan cuáles son los requisitos para que pueda quedarse en la vivienda”. Esto fue presentado días atrás. “Vivió ahí, pagó alquiler, crió a sus hijos. Entonces, pedimos que se tome en cuenta que la necesidad real la tiene Marcela”, insistió la letrada.

Tenemos un problema grande porque ella se queda en la calle. Pero también lo que queremos exponer es el grave problema que hay con la repartición de bienes del Estado en manos de gente que ostenta, que no tiene necesidad. Queremos hacer visible esto por eso, incluso para que la Municipalidad de Pozo del Molle tome intervención en esto porque tiene el control del contexto directo, aunque me digan que esto pertenece a Provincia porque ellos saben quién necesita y quiénes son sus ciudadanos”, cerró.

Tío Pujio – Reunidos por la promo

La Comisión de Padres de la Promoción 2018 del IPEM N° 172 José Hernández se reunió con Darío Ranco, presidente de la Cooperativa de Tío Pujio, para coordinar las actividades que realizarán para recaudar fondos para el viaje de estudios de los 37 alumnos. La Cooperativa aportará artículos del hogar y electrodomésticos que conformarán parte de los premios de la rifa.