El primer juicio, realizado a fines de octubre del año pasado, fue declarado nulo. Se trata de  Luis “Galgo” Duveaux, su hijo Leandro, su sobrino Ariel Duveaux, Ignacio “Batifondo” de la Fuente, Jonathan Ayún, Miguel Angel Colazo, Yanina Espinosa y Micaela Contreras Cuello. Los cinco primeros están alojados en la cárcel

Ocho vecinos de Oliva volvieron a comparecer ayer en la Cámara del Crimen de Villa María, acusados de integrar una banda que se dedicaba a vender cocaína y marihuana en aquella ciudad y que fue desbaratada a mediados de 2016.

En un primer momento la causa llegó a juicio el 25 de octubre del año pasado, pero después de dos audiencias hubo un cuarto intermedio que se extendió más de la cuenta, por lo que el debate fue declarado nulo y se dispuso la realización de uno nuevo.

En total son 10 los implicados en esta presunta organización delictiva (ocho hombres y dos mujeres), cinco de los cuales están en la cárcel, tres se encuentran con prisión domiciliaria y los dos restantes lograron mantener la libertad porque prosperaron sendos pedidos de “probation” y evitaron sentarse en el banquillo de los acusados.

Los miembros de la banda están imputados como presuntos autores de los delitos de “tenencia simple de estupefacientes”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “comercialización de estupefacientes”, aunque con distinto grado de responsabilidad.

Los cinco hombres que permanecen alojados en la cárcel son Luis Alberto Duveaux (60), alias “Galgo”; Leandro Ezequiel Duveaux (29), hijo del anterior; Ariel Fabián Duveaux (38), sobrino del primero; Ignacio Mario de la Fuente (64), más conocido como “Batifondo”, y Jonathan Emanuel Ayún (28).

En tanto, con prisión domiciliaria se encuentran Miguel Angel Colazo (74), Yanina del Valle Espinosa (31) y Micaela Contreras Cuello (20), el primero por su edad y por padecer problemas de salud, y las dos mujeres por haber sido mamás hace pocos meses.

La nómina de imputados se completa con Leonel Facundo Peralta e Ignacio David de la Fuente (hijo de Luis Mario), quienes no se hicieron presentes en la sala porque prosperaron sendos pedidos de suspensión del juicio a prueba y realizarán tareas comunitarias.

Los más complicados son los presuntos cabecillas de la organización, el “Galgo” Duveaux y “Batifondo” de la Fuente, dos convictos con frondosos antecedentes que cumplieron condenas por distintos delitos contra la propiedad y venta de estupefacientes, entre otros.

Para ellos, el fiscal Francisco Márquez pidió ayer las penas más elevadas: ocho años de prisión efectiva para De la Fuente padre y siete años para Luis Duveaux.

Durante su alegato, el titular del Ministerio Público solicitó condenas de seis años de cárcel para los restantes acusados para el caso de que la jueza Eve Flores de Aiuto considere que son miembros de la banda. Subsidiariamente, Márquez requirió que se les impongan cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo a cada uno.

Posteriormente alegaron dos de los cinco defensores y los tres restantes emitirán sus conclusiones el próximo martes, a partir de las 15, cuando se reanudará el debate en el recinto ubicado en el quinto piso de Tribunales.

Al hacer uso de la palabra, el abogado villamariense Darío Sosa pidió la absolución de su cliente, “Batifondo” de la Fuente, mientras que el defensor de Leandro Duveaux, el letrado olivense Gabriel Razuk, solicitó la pena mínima (cuatro años).

El martes por la tarde alegarán la asesora letrada Silvina Muñoz y los abogados locales Rodrigo Hayas y Pablo Maccarini, quienes asisten a los otros seis imputados.

Negaron los hechos

A poco de comenzada la audiencia y tras la lectura de la pieza acusatoria por parte del secretario Guillermo Picco, la jueza interrogó a todos los imputados sobre si iban a declarar, pero solo lo hicieron “Galgo” Duveaux y “Batifondo” de la Fuente, quienes se limitaron a negar su participación en los hechos que se les atribuyen.

Los restantes acusados se abstuvieron de declarar y solo comparecieron sobre condiciones personales.

Posteriormente, el abogado Sosa realizó un planteo de nulidad de todo lo actuado por entender que los efectivos policiales que iniciaron la investigación coaccionaron a G.C., un joven adicto de Oliva al que le secuestraron un envoltorio con cocaína, a quien habrían intimado diciéndole “o nos decís dónde la comprás o te metemos en cana a vos”.

Incluso, el defensor de De la Fuente (p) dijo que al adolescente en cuestión (por entonces tenía 17 años) “le pusieron dos pistolas en la cabeza” para que dijera dónde había adquirido la droga.

Para Sosa, se trató de un “apriete” en perjuicio de un menor, motivo por el cual su testimonio estaba viciado de nulidad.

Sin embargo, el fiscal Márquez solicitó que se rechazara el planteo de nulidad y sostuvo que no estaba acreditado que G.C. haya sido coaccionado por los policías. Además, argumentó que el defensor estaba reconociendo que su cliente, “Batifondo” de la Fuente, le había vendido cocaína a un menor de edad, lo que agrava aún más el delito.

Finalmente, la jueza Flores de Aiuto rechazó el planteo de nulidad y señaló que los motivos de la decisión adoptada los incluirá en los fundamentos de la sentencia.