Pedidos, reclamos clausuras y recursos se superponen en un conflicto con epicentro en el barrio Golf de Villa Nueva, más precisamente en la cuadra de Lago Argentino al 400 y sus adyacencias. Idas y vueltas en una historia que avanza “bloque a bloque” y que, al parecer, corre peligro de “derrumbe”

Corría noviembre del año pasado cuando un grupo de vecinos del barrio Golf de Villa Nueva advirtió que en las proximidades de sus viviendas se estaban sentando las bases de lo que parecía ser un gran galpón. Cuando averiguaron sobre la obra y advirtieron que el propietario del lugar era también el titular de una industria, comenzaron rápidamente una juntada de firmas que terminaron siendo las primeras fojas de un expediente que se ha vuelto “pesado” dado que está cargado de documentación y de intriga.

Aquella solicitud inicial era concisa y concreta. Se limitaba a solicitar al Gobierno municipal que hiciera respetar y cumplir la Ordenanza 1.758 dada por el Concejo Deliberante en el año 2010, en cuyos dos primeros artículos se lee textualmente¨

“Artículo 1. Reglamentar la instalación comercial en barrios Golf, Jardín del Golf, Ctalamochita, La Reserva, Rincón de la Reserva, Portal de la Costa, Prado Español, Costa de Oro, Loteo Vartalitis, Nosovich, Rincón Escondido, Aguaclara y Miraflores.

Artículo 2. Queda prohibido en estos barrios la construcción de galpones y la instalación de fábricas, talleres metalúrgicos, mecánicos, chapa y pintura, cocheras, confiterías, bares, pubs, etcétera, y todas aquellas que no respeten lo establecido por las ordenanzas vigentes a la fecha”.

Más claro que eso, así, en letra impresa, sancionada, sellada y archivada oficialmente.

Y el intendente Natalio Graglia actuó en consecuencia, por lo que ordenó la clausura preventiva, que llevó a cabo la secretaría de Gobierno a través de la figura del subsecretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Mauro Bizzarri, quien tampoco imaginaba por entonces que aquella primera faja que colocaba en Lago Argentino al 400 sería la primera de muchas, muchísimas.

Es que el propietario de la obra en construcción, el señor Leonardo Ferreyra, apeló la disposición oficial y consiguió que se quitara la faja, aduciendo que vive en el lugar y que no tiene otra manera de ingresar al terreno que a través de un único portón.

Dimensiones

La idea oficial era que él ingresara al terreno para usar el espacio de vivienda, pero enseguida los vecinos comprobaron (y fotografiaron) una a una las hileras de ladrilos de bloque que se iban sumando a las cuatro paredes del “presunto galpón”, cuyas medidas “son de, aproximadamente, 20 metros por 12 metros”, según sus vecinos.

“La altura, ni le cuento”, dijo a un periodista de EL DIARIO uno de los tres integrantes del grupo que se opone a la construcción y que ayer actuó como portavoz para agregar que “de alto hay que calcularle siete metros, por los menos, y eso que le falta un poco para llegar al techo y después las chapas del techo”.

Indicaron que “la construcción es impresionante y rompe con toda la modalidad de edificación de nuestro barrio”.

“Tiene paredes de galpón, portones de fábrica… Tiene todo lo que está absolutamente prohibido por la legislación sancionada por el Poder Legislativo local, perfectamente entendida por el Poder Ejecutivo local, aunque no muy bien entendido por esa suerte de Poder Judicial local que es el Juzgado de Faltas”, añadieron.

Cuando el periodista de nuestra Redacción les pidió precisiones, coincidieron en señalar que “los decretos de Graglia se vienen sucediendo, las clausuras de Bizzarri también, pero Ferreyra hace presentaciones, apelaciones y, entonces, la jueza de Faltas, Lilian Sosa, se agarra de eso y no actúa o actúa a favor del infractor”.

Después de una de sus actuaciones en el lugar, el 8 de mayo de este año, Bizzarri se hace sellar la siguiente nota dirigida a Sosa: “De mi consideración: me dirijo a usted para informarle respecto a la causa que se tramita ante su Juzgado perteneciente al señor Leonardo Marcos Ferreyra, por medio de la cual esta Subsecretaría procedió a solicitar la detención de la obra en construcción por incumplimiento de las ordenanzas vigentes. En tal sentido, en el día de la fecha en el lugar se reanudó la obra sin hacer caso a lo determinado por el Decreto 149/17 que se adjunta. Por ello, se informa dicha situación y solicito su intervención si correspondiere. Sin otro particular…”. Otra foja, otro capítulo a la historia de nunca acabar…

Un escrito

En uno de los escritos del abultado y controversial expediente, con fecha de ingreso en la Municipalidad del 27 de diciembre del año pasado, Ferreyra escribe: “En resumen, señor intendente, lo que vengo a solicitar no es un pedido de excepción de impuestos o alguna otra medida que me favorezca, es mi proyecto instalarme para la finalidad comercial y, más específicamente, al rubro de exposición y venta de piletas de natación, más todos los elementos de comercialización que hacen a esa finalidad comercial, lo que lejos de devaluar la imagen del barrio, viene a ser algo de buen gusto y de una vista desde la calle que embellece el barrio y además…”.

Con palabras de este tipo en recursos que presenta después de cada decreto de paralización de obras, el vecino en cuestión gana tiempo para seguir “elevando su sueño por sobre el de los demás”, explican.

La vía judicial

Los voceros de quienes fueron iniciadores del expediente exhibieron una serie de fotografías que se encuentran en poder de EL DIARIO para apoyar sus dichos en el sentido de que la obra es de gran envergadura y diferente a la edificación de baja altura que se ha vuelto común en ese apacible sector villanovense. Dicen que prefieren que no se publiquen las fotos “todavía” porque no quieren que el sector quede identificado con un conflicto, “ya que acá nos vinimos a vivir para estar en paz”.

“Nosotros no queremos que nuestras familias queden enemistadas por algo que va contra la ley y que estamos a tiempo de parar, por eso es que hasta ahora preferimos tratar el tema de manera administrativa”, señalaron.

Seguidamente explicaron que tampoco quieren dejarse llevar “por comentarios” sobre “una pileta colocada por el denunciado en la casa de una persona con poder cercana al caso”, ya que “a eso lo determinará un juez, si es que avanzamos por otra vía”. Y cuando se les preguntó entonces si habían analizado la vía legal, respondieron afirmativamente: “Claro, estamos viendo todo esto con un estudio de abogados donde los profesionales nos dicen que a cualquier juez le toma cuatro o cinco días dictar una medida de no innovar y paralizar la obra, y un par de semanas ordenar la demolición porque esto va contra toda regla. Pero, reiteramos, hemos seguido todos los pasos administrativos y vemos que alguien nos está tomando el pelo… Si es necesario ir más allá, vamos a ir, porque no nos van a cambiar la fisonomía del barrio que elegimos para vivir y menos contraviniendo las ordenanzas vigentes”, finalizaron.