Entre mujeres y hombres

Si bien el derecho está garantizado por la Constitución, en la práctica no se cumple. Por eso, la cartera que dirige Jorge Triaca está avanzando en una iniciativa que incluye las licencias por paternidad y la creación de mecanismos para garantizar que las mujeres estén en igualdad de condiciones 

A pedido del presidente Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo está desarrollando un proyecto de ley que asegure la paridad salarial entre hombres y mujeres, que podría exigirse a las empresas más grandes en una primera etapa.

La iniciativa será un «proyecto integral», por lo que incluirá la extensión de las licencias por paternidad y la creación de mecanismos para que las mujeres estén en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, un derecho que ya está contemplado por el artículo 14 bis de la Constitución al defender el principio de «igual remuneración por igual tarea».

Claro que encontrará ciertas resistencias desde el mundo empresarial, ya que las compañías deberán otorgar aumentos que no tenían previstos para equiparar los salarios de su plantel femenino.

Un 30% menos

Se estima que las mujeres ganan 30% menos que los hombres por igual cargo, además de que tienen más obstáculos para llegar a los cargos mejor remunerados.

En este sentido, un estudio de la cartera laboral señala que el 71% de los trabajadores que ocupan el decil de salarios más altos son hombres, mientras que en el más bajo la ecuación se invierte: 7 de cada 10 son mujeres. En cifras: el ingreso promedio de las mujeres en el primer trimestre de 2017 fue de $10.708, contra $14.687 de los hombres.

Por su parte, el diputado Martín Medina, del PRO, presentó un proyecto en sintonía con el objetivo oficial y contempla «la creación de un registro de empresas y organizaciones sindicales con paridad salarial», que dependerá de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo.

En este registro se deberán inscribir en el plazo de un año y de manera obligatoria las empresas con más de 200 empleados, los sindicatos y las cámaras empresarias. Para las compañías con menor cantidad de trabajadores, la inscripción será optativa, pero se espera que haya cierta «presión social» para quienes no se inscriban.

Ante la sospecha de disparidad salarial, los empleados podrán pedir información a su empleador y, si se comprueba la falta, denunciarlos ante el Ministerio de Trabajo. No obstante, el proyecto deja para la etapa de reglamentación los controles y las sanciones que realizará el Estado.